En este sentido indicó que la comunicación enviada por el miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral se establece en su contenido que el directorio está actuando al margen de la legalidad, de la Constitución.

            Explicó que Aguilar considera que la Junta Nacional Electoral no tiene la competencia para la verificación y validación del problema derivado de la recolección de la firmas.

Carrasquero  dijo que el Directorio no estuvo dispuesto ni estará dispuesto aceptar comunicaciones que vulneren la investidura de la institución, la investidura del organismo  y la propia honorabilidad de todos y cada uno de los rectores del CNE. Recalcó que lo expuesto por el rector suplente Carlos Aguilar es totalmente falso. 

            Indicó que "no es verdad que la Junta Nacional Electoral no tenga la facultad para el proceso que verificación y validación, ya que el artículo 59 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Electoral  establece expresamente que una vez que la Comisión de Registro Civil y Electoral haya depurado el registro y establecido la inscripción de los electores, debe remitir a la Junta Nacional Electoral a los fines de la verificación, tales inscripciones".

            Reconoció que la competencia la tiene expresamente la Junta Nacional Electoral y no la Comisión de Registro Civil y Electoral, como alega el rector suplente.

            " No es cierto que la sentencia del 5 de junio de la Sala Constitucional, cuyo ponente fue el Magistrado Antonio García, sea aplicable en este caso. Los juristas consideran que la exposición y los argumentos expuestos por Carlos Aguilar son un dislate jurídico, ya que la Ley Orgánica del Poder Electoral y la propia decisión por la cual fueron designados los directores actuales del CNE es posterior a dicha sentencia".

            Carrasquero manifestó que en derecho hay una regla elemental  que se enseña a los estudiantes que dice que una ley posterior deroga la anterior, con lo cual  se evidencia que la Ley aplicable es la Ley Orgánica del Poder Electoral y la propia decisión de la Sala Constitucional de Agosto de 2003 que designó a los rectores principales.

            El máximo representante del órgano electoral conversó con el magistrado Jesús Eduardo Cabrera y explicó que lo dicho por Carlos Aguilar a los medios de comunicación fue una conversación informal que sostuvo con éste suplente del CNE y que él no lo dijo de esta forma como lo expresó Aguilar ante los medios, ya que el magistrado está claro que la Ley posterior es la Ley Orgánica del Poder Electoral y la propia decisión cuando se les designó rectores. 

            Carrasquero recordó que la sentencia del 5 de junio en uno de sus párrafos dice "la Comisión de Registro Civil y Electoral depurará, establecerá y determinará la inscripción simplemente de los electores", pero no será su competencia  la verificación y validación de firmas, de tal manera que al Directorio "le parece una grave irresponsabilidad y no se sabe que habrá por detrás de toda esta situación".

            Informó que los órganos subordinados, tanto la Comisión de Registro Civil y Electoral, la Junta Nacional Electoral como la Comisión de Participación Política y de Financiamiento, seguirán actuando apegados a las atribuciones  y competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Electoral  y en la propia Constitución Nacional.

            " Aquí no se están cometiendo ningunas irregularidades, nosotros estamos dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la legalidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Electoral y demás instrumentos de esa naturaleza, aquí somos honorables y vamos a seguir adelante con esto", sentenció finalmente Carrasquero.