La Oficina Nacional de Financiamiento del Poder Electoral llevó a cabo, entre el 8 y el 14 de julio, una serie de talleres sobre información financiera electoral con la participación de las organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, y candidatas y candidatos nominales y suplentes por circuitos electorales de todo el país que participarán en el proceso electoral del 26 de septiembre.

El director de la Oficina Nacional de Financiamiento, Saúl Bernal, explicó que la serie de talleres a escala nacional se inició el pasado 8 de julio. En esa fecha, la actividad se desarrolló simultáneamente en 7 entidades: Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Cojedes, Vargas, Yaracuy y Miranda.

Los asistentes recibieron la inducción sobre los instrumentos legales que sustentan el control del financiamiento en materia comicial, a saber, la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral y el Reglamento Nº 5 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (Lopre). Igualmente, se abordó un conjunto de temas relacionados con los elementos contables que debe contener un sistema de información para que la instancia de control, en este caso el CNE, pueda determinar la legítima procedencia de los recursos y su correcta utilización.

El lunes 12 de julio, el taller se dictó en los estados Anzoátegui, Barinas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia. El miércoles 14, la actividad se cumplió en Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Nueva Esparta.  

 Herramienta  legal

El control del origen, uso y destino de los fondos utilizados para el financiamiento de campañas electorales de las organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, y candidatas y candidatos por iniciativa propia, aun por sustitución o modificación de postulaciones, está normado por el Reglamento N° 5 de la Lopre. En su artículo 5, establece que las organizaciones, grupos o individualidades que participen en una elección están obligados a designar una persona encargada de las finanzas, quien administrará los recursos destinados a cubrir costos de la campaña electoral y se hará responsable del origen y la licitud de esos fondos del financiamiento.

Asimismo, el artículo 9 del referido reglamento define como fuentes ilegítimas de financiamiento de campañas electorales los recursos provenientes de:

1. Donaciones o aportes anónimos.

2. Donaciones, aportes o subsidios de organismos o entes públicos.

3. Compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero.

4. Empresas concesionarias de obras o servicios públicos.

5. Gobiernos, organismos o personas extranjeras no residentes en el país.

6. Organizaciones nacionales que reciban aportes de organismos o estados extranjeros.

7. Actividades calificadas como ilícitas por el ordenamiento jurídico nacional.

8. Fundaciones de carácter público o privado que reciban recursos del Gobierno Nacional o de estados u organismos extranjeros.

9. Aportes, contribuciones o donaciones mediante depósitos o transferencias efectuadas a través del sistema financiero o de cualquier otro método que haga difícil o imposible la identificación del contribuyente.