El directorio del Consejo Nacional Electoral, previsto para el próximo jueves, aprobará la propuesta final de auditoría a la data de votantes suscrita por una comisión técnica que, a partir de mañana y hasta el miércoles, consolidará los diferentes aspectos técnicos, metodológicos y de requerimientos, contenidos en los informes consignados ante la Comisión de Registro Civil y Electoral por ocho universidades nacionales y el IVIC.

La rectora Sandra Oblitas, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, expresó durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el rector Germán Yépez, que hoy se le solicitó a las autoridades de las instituciones de educación superior que participarán en la revisión, que postulen a dos de sus técnicos para definir la formulación metodológica de la auditoría, conjuntamente con representantes del organismo comicial.

Al ser consultada sobre algunas reacciones originadas por la supuesta imposición de un espacio físico para el procesamiento y manejo de información durante el proceso, la rectora aclaró que el uso de un espacio físico se estableció con la idea de resguardar la seguridad de la información, los equipos que se utilizarán y las personas que trabajarán en la revisión, pero que eso no implica que no se puedan realizarse trabajos de campo, si así lo indica el equipo técnico que definirá la metodología.

En cuanto a los tiempos de la auditoría, la rectora indicó que son los técnicos  quienes deberán establecer los mecanismos “para que dé el tiempo suficiente, una vez terminados los trabajos técnico-operativos y se tengan los resultados de auditoría, para establecer las incorporaciones a que haya lugar”, y aclaró que el proceso de auditoría y de depuraciones a la data electoral son permanentes.

Finalmente, recordó que ayer se aprobó en el directorio del ente comicial que los procesos de auditoría se adelantarán en tres ejes fundamentales: el seguimiento del cronograma de subsanación producto de la revisión efectuada por Capel, la auditoría ciudadana que se ejecuta a través de los 1.143 centros de actualización e inscripción desplegados a escala nacional, y la que realizarán las instituciones de educación superior, una vez sea aprobada la propuesta en el directorio.